La Cámara Civil resolvió que el Instituto Patria puede mantener en reserva los datos de sus asociados, contra el pedido del Gobierno, que exigía su difusión. Esto fue considerado un “fallo político” por la Inspección General de Justicia, que presentó un pedido de juicio político contra los tres letrados. Esto despertó el repudio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
La IGJ había exigido una copia del libro de asociados del Instituto Patria y ante la negativa del organismo que preside Oscar Parrilli, inició un litigio en sede judicial, que respaldó la posición de la asociación kirchnerista. El Ejecutivo entonces cuestionó a los magistrados por el contenido de su fallo, un hecho cada vez más frecuente.
“En un Estado democrático y republicano de derecho es indispensable un respeto irrestricto a las decisiones de cada poder en su propio ámbito”, se pronunció el organismo que preside el juez civil Marcelo Gallo Tagle y secunda la comercial María Lilia Díaz Cordero, quien lleva la causa de Correo Argentino contra Mauricio Macri.
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“Ante los pedidos de juicio político contra los tres integrantes de la sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, esta Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional reitera una vez más que la independencia del Poder Judicial no admite recortes, sólo la exigencia de actuar imparcial e idóneamente”, recordó en el comunicado que emitió el 7 de junio.
Ante esto, la asociación subrayó que “la actividad jurisdiccional, está expuesta a la crítica que toda persona tiene el inalienable derecho de ejercer cuando crea que puede sentirse alcanzado o afectado por algún pronunciamiento o decisión, pero ello nunca puede dejar de discurrir por las vías recursivas normales. Las solicitudes de juicio político a los referidos magistrados por el contenido de sus pronunciamientos, más allá del acierto o error de éstos, implican una evidente e indebida injerencia en la actividad jurisdiccional”.
El Consejo de la Magistratura ya designó al diputado de Cambiemos Mario Negri como instructor del jury contra los camaristas Víctor Liberman, Gabriela Iturbide y Marcela Pérez Pardo. Esta última fue quien le había pedido al órgano que controla al Poder Judicial que revise el conflicto de intereses del juez Andrés Guillermo Fraga, dado que concursaba por un ascenso mientras falló que el Presidente no tiene vínculos con las offshores donde figura como director.
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