La candidata de Mauricio Macri a la Procuración General, Inés Weinberg de Roca, será impugnada y se complica su designación en el cargo que ocupara Alejandra Gils Carbó. Es porque recibió honorarios privados mientras era jueza de Cámara en la Ciudad de Buenos Aires, algo que los magistrados porteños tienen prohibido, y no los declaró.
Se desprende de una comunicación que publicó el diario El Cronista, surgida del Tribunal de Apelaciones de la ONU, que la jurista integró entre 2009 y 2016, en superposición con sus tareas en la Justicia porteña.
"Por una denuncia del diputado porteño Rafael Gentili, retomada luego por Ernesto Marcer, ex procurador del Tesoro, el Consejo de la Magistratura porteño intentó abrir una investigación al respecto, pero el macrismo hizo uso de su mayoría y cerró la posibilidad argumentando errores de procedimiento en la presentación", cuenta el matutino.
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El problema no es por la tributación de esos ingresos, se aclara, sino por no haber siquiera informado que los percibió.
Un día después de la desestimación de la denuncia, Gentili recibió la información de la ONU. Se la envió el registrador del Tribunal de Apelaciones Weicheng Lin. "Usted está en lo correcto. La jueza Weinberg de Roca, como sus colegas en el Tribunal de Apelaciones, cobra una cantidad fija por cada caso que preside (u$s 2400) y por cada caso en el que opina (u$s 600). Los honorarios anuales que la jueza Weinberg recibió en estos años han variado dependiendo del número de casos que ha presidido y en los que ha opinado", le escribió Lin a Gentili.
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