La Dirección General de Ingresos de Panamá escrachó a Kagemusha SA por no haber pagado los impuestos. La offshore de Mauricio Macri figura en un listado de casi 300.000 empresas morosas, lo que se suma a la evidencia de que aún se mantiene activa.
Asediados por el escándalo internacional de los Panamá Papers, el gobierno centroamericano le soltó la mano a las compañías que no abonaron el tributo de tasa única por 10 años consecutivos y decidió difundir los nombres de las 290.534. Esto evidencia poco o nulo interés y herramientas para recaudar y controlar, en tanto que el negocio de las offshores moviliza gran parte de su economía.
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Kagemusha SA figura en el puesto 150.613 de las corporaciones escrachadas. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) de Kagemusha, el equivalente al CUIT argentino, es el 5978-33-71446.
Se la puede encontrar en el tomo 13 del anexo a la resolución 201-2066 de la DGI, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas panameño. La publicación está fechada en el 18 de abril, lleva la firma del director general de ingresos Publio Ricardo Cortés y la certificación se realizó al día siguiente.
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Esta confirmación se le suma a los documentos originales que presentará el diputado Darío Martínez el jueves en la mesa de entradas de la Fiscalía 6 en lo Criminal y Correccional Federal, de Federico Delgado. El legislador nacional del Frente para la Victoria le acercará a la Justicia el certificado de persona jurídica de Kagemusha, que demuestra que hasta hoy se mantiene activa, con Francesco "Franco" Macri en la presidencia, Mauricio Macri en la vicepresidencia y los dos junto a Gianfranco Macri en el directorio.
Esto contradice la versión oficial de que esta offshore del jefe de Estado había cerrado. Fue fundada en 1981 y es la más antigua de las 19 vinculadas a la familia presidencial.
La UIF ya había aportado información de inteligencia en donde aclaraba que el mandatario dirigía a la empresa en el paraíso fiscal panameño y que se mantenía vigente, pero que se encuentra "con riesgo de ser disuelta por el no pago de los impuestos anuales". Acompañó al reporte una excusación, de que "no es válida para procesos jurídicos y que a fines de poder ser utilizada como prueba, las autoridades competentes la deben requerir a la República de Panamá apelando al acuerdo en materia de asistencia jurídica entre ambos países".
En la legislación argentina depende del juez y no de la UIF que se admitan como prueba los datos de inteligencia. Pero con su aporte, el diputado Martínez les ahorra a Delgado y al magistrado Sebastián Casanello el debate sobre la legitimidad del reporte y la espera de los exhortos ya enviados a Panamá.
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