La decisión favorece, en los hechos, a las compañías multinacionales que cuentan con las espaldas financieras necesarias para ganar una licitación a pérdida de corto plazo pero con el objetivo estratégico de avanzar sobre la porción de mercado que tiene la industria nacional. Eso fue lo que advirtieron desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y presentaron una amparo judicial para que el Ministerio de Salud garantice el cumplimiento de la ley de compre trabajo argentino y de medicamentos, tal como ocurría hasta ahora.
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"Todo esto en un marco de caída pronunciada de producción en los mercados regionales, particularmente del Mercosur y con un mercado interno en recesión. En particular estamos haciendo referencia a un sector industrial que cuenta con más de 38 mil puestos de directos de alta calificación y 100 mil indirectos, cuya fuente de trabajo debe ser preservada y aislada de los efectos adversos de la economía mundial", sostuvo la Unión Industrial Argentina (UIA) en una carta enviada el 27 de junio pasado al ministro de Salud, Jorge Lemus. Unos días antes, los 44 laboratorios agrupados en CILFA presentaron un cuestionamiento administrativo a la licitación pero ante la falta de respuesta avanzaron con una presentación judicial, que quedó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 2, a cargo del Esteban Furnari.
La explicación del Gobierno nacional para dejar de abastecer al Programa Remediar con producción nacional es que los medicamentos locales están muy caros. Entonces, la estrategia del disciplinamiento llega por el lado de una apertura a la competencia de los laboratorios internacionales, una política que trae a la memoria aquella propaganda de la última dictadura sobre las sillas argentina caras y de mala calidad y las importadas buenas y baratas. Ese andamiaje discursivo fue el que sostuvo la política de fronteras abiertas, que terminó de destruir la industria local y el proceso de sustitución de importaciones, que se había abierto poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Para ello, sumaron al Programa de las Naciones Unidas para El Desarrollo (PNUD), que realiza un monitoreo del proceso de la Licitación Pública Internacional 4/16.
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El Plan Remediar es un programa de salud que nació en el año 2002 para distribuir en forma gratuita medicamentos esenciales para la atención primaria en salud. Alcanza a la población sin ningún tipo de cobertura, que según el Censo de 2010 llega al 36 por ciento de la población, más de 14 millones de personas.
"Es necesario reglamentar y mejorar la ley de compre nacional, que es un mecanismo previsto por la Organización Mundial de Comercio. Eso no se hizo durante el gobierno anterior pero tenían una política de privilegiar la producción local. Ahora la situación es inversa y con la vocación de ser recibidos en el mundo con una alfombra roja, el nuevo gobierno acepta todo con tal de que le digan 'qué lindo que sos'", describió con una precisión quirúrgica uno de los hombres que transita la UIA y no simpatizaba con el kirchnerismo pero ve con claridad los problemas de una política aperturista sin condicionamientos.
La Ley de Compre Nacional fue promulgada el 27 de diciembre de 2001 con el objetivo de promocionar y proteger el trabajo de las industrias locales. Establece un diferencial mínimo del 7 por ciento pero para medicamentos se usó hasta un 15 por ciento. La explicación es práctica: las industrias farmacéuticas de India y China están subsidiadas, tienen promoción de exportaciones, una escala tan enorme con la que es imposible competir y costos laborales ínfimos, explican en la cámara del sector.
"A diferencia de lo que ocurre cuando se compran productos importados, comprar a una fábrica nacional vuelve en impuestos: el 35 por ciento de impuesto a las ganancias, 21 por ciento en IVA más impuestos al trabajo y dinero inyectado al consumo a partir del salario de los trabajadores de esas empresas. Si se le compra a industrias extranjeras sin actividad en nuestro país no vuelve un sólo peso al Estado", insistieron los industriales locales.
Junto con los cuestionamientos de los laboratorios, el diputado Héctor Daer, proveniente del gremio de sanidad, presentó dos proyectos de resolución: uno pide al Poder Ejecutivo que asegure y garantice el cumplimiento de las leyes de compre nacional y de medicamentos, en el otro pide al Ministerio de Salud que explique los detalles del llamado a licitación, por qué no prevé la preferencia nacional y admite medicamentos sin registro sanitario en el país. Ese segundo punto ya fue modificado en una aclaración que hizo el Ministerio de Salud.
Pero, además, el llamado a licitación puso sobre la mesa otro debate: el rol de los laboratorios estatales. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), que representa a más de 30 mil médicos y profesionales de la salud de todo el país, también cuestionó el "pretexto" oficial de bajar los precios pero advirtió que existe una "falsa opción" y sostuvo la necesidad de fortalecer los laboratorios estatales.
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