Los extraños manejos contables de la empresa que controla Cablevisión

30 de mayo, 2015 | 19.47
VLG Argentina LLC es la financiera/inversora que posee mayoría accionaria en Cablevisión. El Grupo Clarín es dueño del 50% de esta firma, a partir de una participación directa e indirecta, por eso está obligada desde hace años a presentar balances ante la Comisión Nacional de Valores cada tres meses.

Pero en su último estado contable se encendió una luz de alerta: Un extraño movimiento económico dejó reflejado que en apenas un trimestre el patrimonio de VLG se deshizo en el aire, adelgazando en casi 2.900 millones de pesos.

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Al 31 de diciembre de 2014, VLG Argentina tenía un patrimonio declarado 3.187 millones de pesos. Tres meses más tarde, su patrimonio es de un poco más de 300 millones, de acuerdo a los documentos que el Grupo Clarín entregó hace semanas ante las autoridades bursátiles. Es decir que en un trimestre la empresa adelgazó al 10%.

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El Grupo Clarín tiene la mitad de VLG, a partir de una participación directa con el 11% de sus acciones, e indirecta controlando el 39% mediante la firma Vistone S.A. (que pertenece en un 95% al Grupo). Contablemente, la caída patrimonial es inusual y se podría explicar desde dos focos: o se trata de una distribución grosera de capital entre sus accionistas, opción que aparentemente no sucedió porque si no debería haber quedado registrado en el balance del Grupo Clarín; o, bien, directamente a partir de una escisión de VLG. En este último caso, la decisión sería aún más sorpresiva, porque se estaría desarmando también -y en consecuencia- la empresa Cablevisión, para lo cual debería existir un programa aprobado previamente por AFSCA, dado que integra el holding Clarín.

VLG Argentina, una de las firmas que El Destape denunció que comparten domicilio legal con empresas vinculadas a Paul E. Singer y su fondo buitre Elliott Management, es poseedora del 51,24% de Cablevisión (y, en rigor, sólo tiene acciones allí, según puede deducirse de su balance).

Dado el secretismo de Delaware, se desconoce el directorio de la empresa; no obstante, sí se informó públicamente quién es su representante legal en la Argentina: Luis Alberto González Baruki. Como si el manto de sospecha que cubre a VLG no alcanzara por sí solo, recientemente se conoció que González Baruki integra la lista de supuestos poseedores de cuentas no declaradas en el HSBC Suiza, que el Gobierno argentino denunció ante la Justicia.

Se trata de una unas 4.040 cuentas, entre sociedades e individuos que habrían fugado del país sin declarar más de 3.000 millones de dólares sólo entre 2006 y 2008. Además de la firma Cablevisión en sí misma, como ya trascendió periodísticamente, esa lista que la AFIP consiguió en acuerdo con el fisco francés también tiene entre sus nombres al representante legal de VLG Argentina. .

Grupo Clarín Services VLG no es la única empresa del holding con domicilio en el polémico Corporation Trust Company de Orange Stree 1209. También está radicada allí la empresa Grupo Clarín Services. Aunque con menor capital declarado, esta segunda empresa no se queda atrás en cuanto a sospechas: hace apenas semanas, el fiscal Diego Iglesias, de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional Federal Nº 10 pidió al juez Luis Rodríguez que envíe un nuevo exhorto a Estados Unidos e Inglaterra para que informen sobre la creación de Grupo Clarín Services por parte de los accionistas del holding.

En verdad, el exhorto, además de la creación, estaría interesado en profundizar sobre unos créditos de bancos privados extranjeros otorgados a esa firma, que luego fueron utilizados para comprar acciones de otras empresas del holding argentino. Según trascendió, la Justicia sospecha que el Grupo Clarín pudo haber realizado una maniobra de lavado de dinero conocida en la jerga como "back to back", a través de la cual ingresaron fondos no declarados al mercado de capitales argentino, escondidos detrás de créditos bancarios.

Ya a fines de 2013, la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante en la causa, había logrado que el juez Rodríguez envíe un exhorto a Estados Unidos e Inglaterra solicitando la información, pero el pedido no tuvo eco.