La causa penal en la que se investiga si el HSBC funcionó como una "plataforma de evasión fiscal" podría quedar desactivada a partir del planteo que, en otro expediente, hizo el fiscal federal Carlos Stornelli. Allí, sostuvo que la AFIP "reveló información (de ese banco y sus clientes) que debía mantener en secreto" y con ese argumento amplió las imputaciones por "falso testimonio" con las que se inició el proceso en la Justicia Federal a partir de una denuncia de Alfonso Prat-Gay, quien luego se convirtió en ministro de Economía.
La disputa judicial comenzó en noviembre de 2014 con una denuncia del entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien sostuvo que el Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) montó "una estructura para evitar el control fiscal" en beneficio de 4.040 clientes argentinos, que evadieron por lo menos 61.915 millones de pesos. Todos ellos tenían -según la denuncia- cuentas en el HSBC de Suiza. Esa presentación se realizó a partir de la información que el gobierno de Francia envió a la Argentina en virtud del "Convenio entre la República Argentina y la República de Francia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio".
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Stornelli podría hacer caer la causa por lavado de dinero que involucra al HSBC
La causa quedó en manos de la titular del Juzgado Penal Tributario 3, María Verónica Straccia, quien a fines de marzo pasado citó a 224 personas investigadas por los delitos de evasión agravada y lavado de dinero. Entre los casos que AFIP había denunciado se encontraba Prat-Gay, quien tenía una cuenta en el exterior y otra donde estaba como apoderado de la empresaria fallecida Amalia Lacroze de Fortabat y su nieta Amalia Adriana Amoedo. El fiscal Navas Rial consideró que una cuenta estaba declarada y en la otra había una diferencia muy pequeña, entre lo declarado y la denuncia. La defensa de Prat Gay pidió el sobreseimiento pero eso aún debe definirse.
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Casi en paralelo a esa causa, Prat-Gay denunció a las autoridades de la AFIP por "falso testimonio" y ese expediente quedó en manos del juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Stornelli. El viernes 13 de mayo pasado, el fiscal amplió la imputación utilizando como argumento el mismo convenio de cooperación del que se valieron la AFIP y el gobierno de Francia para intercambiar la información revelada por el ex empleado del HSBC, el ingeniero en sistemas Hervé Falciani.
La lista de Falciani permitió iniciar procesos judiciales en varios países. En España, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptó esa información como prueba y emitió varias condenas a prisión y multas de varios miles de euros contra quienes ocultaron rentas al fisco. También avanzan investigaciones en Estados Unidos, donde la situación del HSBC está bajo la lupa desde hace algunos años: en 2012 pagó una multa por 1.900 millones de dólares por su colaboración con el lavado de dinero de narcos mexicanos.
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Además, el Departamento de Justicia le pidió al HSBC que presente un plan de saneamiento de sus malas prácticas. Para seguir ese proceso designó como supervisor a Michael Cherkasky pero "según publicó recientemente The Wall Street Journal, Cherkasky no está muy satisfecho con el ritmo de las reformas introducidas por el banco", precisó el diario El País, de Madrid, en febrero de 2015.
En la causa había 4.040 cuentas sin declarar por montos superiores a los 3 mil millones de dólares
En tanto, en su resolución del 13 de mayo, Stornelli utilizó el artículo 27 del convenio de cooperación entre Argentina y Francia, que fue aprobado en la ley 22.357, para cuestionar a la AFIP. Allí lo citó textualmente: "Las informaciones que reciba un Estado serán mantenidas en secreto de la misma manera que los intercambios obtenidos por aplicación de la legislación interna de ese Estado y sólo se entregará a las personas o autoridades (incluso tribunales y órganos administrativos) a quienes competa el establecimiento o recaudación de impuestos comprendidos en el Convenio, o la sustanciación de causas judiciales o apelaciones relativas a impuestos, o para las decisiones sobre los recursos concerniente a esos impuestos. Estas personas o autoridades sólo usarán estos informes para estos fines. Podrán revelar las informaciones en las audiencias públicas o en las sentencias judiciales".
Y sobre ese texto, se basó en dos palabras que subrayó ("relativas a impuestos") y afirmó que la denuncia de la AFIP reveló "información que debía mantener secreta". Esa argumentación podría provocar la caída de la causa que lleva adelante la jueza Straccia y,también, marcaría un antecedente sobre el uso de información recibida desde otros países para perseguir el fraude fiscal y ubicaría a la Argentina en la lista de países que no pueden garantizar el secreto fiscal.
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