A la par del blanqueo de capitales y el pago de las sentencias a los jubilados, el Gobierno manda como caballo de Troya una polémica iniciativa: la venta de las acciones de empresas privadas que la ANSES posee dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Para eso, el oficialismo propondrá en el Congreso derogar la ley que obliga a contar con los dos tercios de los votos de ambas cámaras para habilitar la venta de tales activos, que reportaron en el último año una ganancia de 191 mil millones de pesos.
Con este dinero, asegura el Estado, podrá pagar la actualización de los haberes de los jubilados junto con el pago a los juicios, lo que representaría un costo fiscal de alrededor 200.000 millones de pesos.
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"Lo que vamos a anunciar mañana es una bomba fiscal y política", graficó un legislador macrista, según relató la agencia DyN, quien anticipó que el tema del pago de las sentencias y el blanqueo de capitales formarán parte de "una única ley" que incluirá también "una moratoria impositiva y previsional".
La intención del Gobierno es derogar la ley aprobada en septiembre del año pasado que establece que para vender las acciones de la ANSES se necesitan los votos de dos tercios de los miembros de cada Cámara, ya que para anular la norma sólo se requiere de mayoría simple.
"Este es un negocio chino para el Estado. Si mañana el banco Macro, Clarín o la empresa en la que el Estado tiene acciones se retira de la Bolsa, el Estado se quedaría con acciones líquidas, sin valor", argumentó la fuente ante la agencia de noticias.
Luego del anuncio del presidente, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay dijo que el tema de la venta de acciones no está en agenda "inmediatamente", dejando la puerta abierta en un futuro no tan lejano para avanzar en este sentido.
Una vez derogada la ley, el Gobierno estará habilitado para vender las acciones que "heredó" del viejo sistema de las AFJP. Con ese dinero apunta, también a hacerse de fondos para pagarle a las provincias el 15% de la coparticipación.
En este sentido, el blanqueo ocupa un rol crucial para obtener dólares frescos, en momentos en los que la tan mencionada lluvia de inversiones se demora y solo llegan dólares para la bicicleta financiera a través de las LEBAC. Con ese dinero, que el Gobierno espera que llegue a los 60 mil millones de dólares (casi el doble de las reservas actuales), el Estado pagaría varias de sus obligaciones.
Pero si el blanqueo fracasa, no habría plan B, y el Estado debería desprenderse de los activos del FGS para hacerse del dinero necesario para la actualización de las jubilaciones.
¿Qué es el FGS?
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se creó en 2008, cuando el Estado ese hizo de los fondos privados de jubilaciones. Las ex AFJP invertían los aportes de los trabajadores, entre ellos en acciones de empresas privadas, que luego pasaron a manos del Estado.
De esta forma, el Estado se hacía de un activo (las acciones) y la rentabilidad que estos mismos generan por su valorización y el reparto de dividendos. Según datos de la ANSES de diciembre de 2015, las acciones en poder del FGS estaban valuadas en 664 mil millones de pesos, y tuvieron un rendimiento neto de 191 mil millones de pesos.
Sin embargo, el principal activo del FGS son los bonos del Estado, con un 64,6%. Le siguen los proyectos de infraestructura (financiamiento del PRoCreAr, principalmente), con 12,9%, las acciones con un 12,8% y otras inversiones un 9,7%.
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