El pasado 3 de julio, el Gobierno nacional difundió los datos oficiales de ejecución presupuestaria correspondientes al primer semestre, que fueron publicados por el ministerio de Modernización a través de la novedosa página datos.gob, donde se puede apreciar un alarmante descenso en cuanto a las partidas destinadas a diferentes áreas sociales.
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Una de las áreas que mayor demanda presentó por parte de las provincias y los municipios en estos primeros meses de gestión fue Desarrollo Social. Sin embargo, el ministerio que conduce Carolina Stanley tan sólo ejecutó el 36% de las partidas destinadas al programa de Seguridad Alimentaria que tiene como objetivo "llevar a todos los hogares del país los alimentos primordiales para la salud de las familias", según se explica en el sitio del propio ministerio.
Si se comparara con los períodos anteriores, esta misma partida había recibido mayores ejecuciones en el mismo período: en el año 2014, el programa Seguridad Alimentaria ya había ejecutado el 57% de los fondos para el mes de julio, y, el año pasado, un 44%.
Otro de los casos que encienden las alarmas en las organizaciones sociales es el déficit habitacional. Pese a las promesas gubernamentales de activar la obra pública y concretar los planes de vivienda, el programa Techo Digno, correspondiente al ministerio del Interior, ejecutó tan sólo 3 mil de los más de 12 mil millones con los que cuenta en su presupuesto, lo que representa un 24% en los primeros seis meses del año.
Por su parte, en el primer semestre de 2014, este programa contaba con una ejecución de 2.335 millones, un 52% del presupuesto total para ese año, mientras que en 2015, había pagado unos 3.810, un 37%.
Por último, los fondos destinados a la urbanización de villas y asentamientos precarios sufrió una estrepitosa caída tras el cambio de gestión gubernamental: en el primer semestre del año ejecutó tan sólo 235 millones de los más de 1600 con los que cuenta, es decir, apenas un 14,3%.
En el mismo período del año 2014, esta partida llevaba incurrido un 35,7% del gasto total, mientras que, en 2015, un 34,5%.
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