Sarita Santos Dávila, empleada doméstica de la familia Urtubey desde 1984 hasta 2005, continúa reclamando hoy por su indemnización y los aportes no realizados por sus empleadores durante más dos décadas. Pese a haber contado con un fallo de primera instancia en su favor, la Cámara de Apelaciones de la provincia decidió revocarlo con una polémica sentencia in limine (es decir, rechazando todo lo expuesto), que la Corte Suprema luego ratificó, y ahora la causa llegó ni más ni menos que a manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que deberá decidir su validez, para luego derivarlo ante la Corte.
Precarización laboral, diferencias en el pago de los sueldos, falta de pago de aguinaldos, vacaciones, asignaciones familiares y la propia indemnización por despido injustificado por los 21 años de servicio prestados son las violaciones que, según denuncian los abogados de Santos Dávila, cometió la familia del gobernador salteño: "La despidieron en forma arbitraria y en una primera instancia se intentó llegar a un acuerdo conciliatorio por unos miserables $2.000, y ahí fue donde intervenimos porque la estaban estafando", aseguró Víctor Hugo Sarmiento, uno de los letrados que representa a la ex empleada doméstica de Urtubey.
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En este sentido, Sarmiento detalló que la demanda presentada ante la CIDH no es sólo contra Lía Urtubey-madre del gobernador- sino también contra toda la familia: "El juicio es contra toda la familia Urtubey porque ella trabajaba para los hijos inclusive: en una época, cuando Juan Manuel tuvo a su primer hijo, Sarita trabajaba por las mañanas en lo de Lía y por las tardes en su casa", explicó.
Durante 1984 y 2005, Santos Dávila realizó sus trabajos cobrando en negro, es decir, sin que su empleador realice ningún tipo de aporte previsional por los servicios prestados. Sin embargo, y tras el fuerte crecimiento del trabajo registrado que tuvo lugar en los últimos años, decidió reclamar ante la familia Urtubey que la blanqueen: "Trabajaba en negro. La escribana (Lía Urtubey, madre de Juan Manuel) siempre me decía que faltando diez o quince años para jubilarme me haría los papeles, cosa que nunca me hizo", explicó la ex empleada en un reportaje brindado al portal local El Tribuno en el año 2013.
Sin embargo, en el año 2005, la familia Urtubey decidió prescindir de los servicios de Sarita sin reconocerle las más de dos décadas de servicio laboral, lo que llevó a la empleada a presentar una demanda, que resultó exitosa en la Justicia salteña: en 2008, tras haber presentado todo tipo de pruebas que comprobaron la existencia de una relación laboral con los Urtubey, Santos Dávila obtuvo un fallo favorable en primera instancia por la suma de $25.536,87.
Además, al ser consultada sobre por qué tardó más de tres años en demandar a la familia Urtubey, Dávila aseguró que sufrió amenazas por parte del entorno del gobernador para "silenciarla".
En el fallo, se afirma que "la demandada no cumplió con sus obligaciones sociales ni previsionales, abonándosele sueldos inferiores a los establecidos por la escala salarial de empleados domésticos", así como "tampoco se le abonaba SAC (aguinaldo) ni se le otorgaban vacaciones, además de no habérsele abonado las asignaciones familiares ni la ayuda escolar por los hijos de la actora: Nieves Soledad y Sergio Daniel Martínez, pese a que se presentaron las partidas de nacimiento y certificados de escolaridad".
Ante ello, el gobernador y su familia presentó una apelación y, en marzo de 2012, luego de haber colocado a una jueza subrogante, pudo revertir la sentencia adversa: "Tras el fallo de primera instancia el caso pasa a la Cámara de Apelaciones del Trabajo Social Sala II, donde faltaba un juez: allí pusieron a una jueza subrogante amigo de la familia Urtubey como la doctora Mercedes Domecq, a quien después pasaron como jueza titular", explicó a El Destape el abogado de Dávila.
Existiendo pruebas fehacientes como el reconocimiento de una audiencia en la Secretaría de Trabajo, la existencia de la relación laboral y documentación que constaba en actas, el juzgado rechazó in limine, es decir, sin dar lugar a nada de lo expuesto, y luego la Corte Suprema de Salta ratificó el fallo de la Cámara y el máximo tribunal nacional se negó a darle lugar a la reapertura de la causa.
Tres años más tarde, el caso que salpica al gobernador salteño y su familia llegó a la CIDH, que será ahora quien deba decidir si existen pruebas suficientes para exigir que los Urtubey indemnicen a Sarita Santos Dávila por los 21 años de trabajo precarizado prestados, las vacaciones, los aportes jubilatorios, el aguinaldo y las asignaciones familiares a las que la ex empleada nunca tuvo acceso, y que, cuando solicitó tenerlo, recibió un telegrama de despido.
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