Cuando la dictadura silenció a los abogados de los trabajadores

La Noche de las Corbatas, el mega operativo represivo contra un grupo de abogados laboralistas, condensa toda la virulencia y brutalidad de la última dictadura cívico-militar. En esas noches de principios de julio de 1977, se expresaron los objetivos y las alianzas del golpe de Estado: modificar la estructura económica, cambiar los parámetros de la distribución de riqueza y acallar cualquier voz opositora con la connivencia absoluta de grupos civiles, económicos y judiciales. En esas cuarenta y ocho horas, que fueron desde el 6 al 8 de julio, se materializó lo que se había concretado en los treinta días que siguieron al 24 de marzo de 1976: la destrucción de la Ley de Contrato de Trabajo.

Una de las primeras cosas que hizo la dictadura fue cambiar la ley que protegía a los trabajadores. Las medias se tomaron mucho antes de la Ley de Entidades Financieras, que impusieron recién en 1977: a los 30 días del golpe se eliminaron 25 artículos y modificaron 98 de los 301. Un 40 por ciento de la ley fue suprimida o modificada. La decisión -que expresaba todos los intereses de sus empresarios y financistas- estuvo en línea con el terrorismo de Estado: el 70 por ciento de los desaparecidos eran trabajadores y el 10 por ciento profesionales, según los registros de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep).

Para 1977, lo que habían hecho en los papeles fue trasladado al terreno, a los cuerpos. En junio detuvieron al abogado Jorge Candeloro y su esposa, Marta García, en Neuquén y los llevaron a Mar del Plata. Veinticinco días después secuestraron a los otros abogados: Norberto Centeno, Salvador Arestín, Hugo Alais, Camilo Ricci, Carlos Bozzi, Tomás Fresneda y su esposa, Mercedes Argañaraz. Sólo sobrevivieron García, Bozzi y Ricci, a quien se habían llevado por error.

Esos abogados eran laboralistas. Se habían criado junto a los sindicatos de mineros, transportistas, hoteleros y fileteros. Algunos de ellos, como Candeloro, habían hecho del asesoramiento a sindicatos una forma de vida y habían participado de la elaboración de sus convenios laborales. Otros, como Fresneda, combinaban el oficio de herrero con las leyes y recorrían el puerto marplatense, donde los fileteros se enfermaban de artrosis. Pero entre todos ellos sobrevolaba Centeno, un viejo militante de la Resistencia Peronista, que había estudiado abogacía entre una cárcel y otra, y había sido el compilador de la Ley de Contrato de Trabajo aprobada en 1974. Esa misma ley era la que la dictadura había cercenado.

Detrás de esos crímenes estuvo también la complicidad civil del grupo de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria, que aportó quienes hicieron inteligencia y participaron de los grupos de tareas en Mar del Plata al servicio del Ejército. También existió complicidad de un sector de la Justicia: varios implicados en otros crímenes -como los cometidos en 1975 contra cinco militantes políticos que fueron secuestrados de sus casas en lo que se conoció como la "noche del cinco por uno"- ocuparon lugares en Poder Judicial.

Y lo que está bajo investigación es el rol del juez provincial Pedro Federico Hooft. Fue citado seis veces declarar en la causa penal donde se analiza si -como sostiene la denuncia realizada por la Secretaría de Derechos Humanos con el respaldo de los organismos de derechos humanos- es culpable por no haber tramitado los habeas corpus ni las causas judiciales "a sabiendas de que" los secuestrados se encontraban en poder de las Fuerzas Armadas. También lo acusaron de hacer gestiones en favor de algunas víctimas y no de otras. La querella denunció trece casos en los que no habría cumplido con su rol de juez.

Lo que vuelve a ponerse sobre la mesa en cada aniversario de la Noche de las Corbatas es cuál fie (y es) el rol del Poder Judicial y cuál el juego que juegan los abogados. Ese debate aún no está saldado.