Tras la grabación difundida por El Destape, en donde se puede apreciar a Francisco Bosch, director de asuntos gremiales de ANSES, extorsionando a un jefe departamental para que deje su cargo a cambio de una "compensación" de tres meses de salario, los casos se multiplicaron y en todos ellos el mecanismo de extorsión y amenazas se repite: o se acepta el ofrecimiento de Bosch o "se les encontrará una causa" para avanzar en un despido formal, e incluso, como prueba de ello, algunos empleados ya afrontan un sumario administrativo tras rechazar la polémica y generosa oferta.
Por su parte, los ex jefes afectados comenzaron a judicializar sus casos y generaron preocupación en el gobierno nacional, que esta semana llamó a "apagar el incendio antes que el tema explote". Ante ello, ANSES recibió a cada gremio el miércoles para intentar controlar el asunto.
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Según pudo constatar este medio, las reuniones entre Bosch, quien se define como mano derecha de los principales referentes de ANSES, Alejo Maxit y Emilio Basavilbaso, y los jefes departamentales a desvincular, se dieron entre el 16 de enero y comienzos de febrero en las oficinas que el organismo estatal posee en las calles Chacabuco 467 y Avenida Córdoba 720 de la Capital. Incluso, el propio Bosch viajó hacia el norte del país para reunirse con jefes departamentales de Salta y realizarles un ofrecimiento similar.
El directivo llegó a reunirse con 14 de los 178 jefes a despedir de ANSES, pero decidió poner fin a los encuentros cuando advirtió que ninguno de ellos aceptaba su polémico ofrecimiento. El mismo constaba de solicitarles una renuncia en forma diferida a 3 meses, mientras aquellos funcionarios seguirían cobrando como jefes durante ese lapso, pese a no encontrarse en funciones o, caso contrario, atenerse a ser "despedidos con justa causa". De confirmarse, este caso encuadraría como "coacción agravada", delito que prevé una pena de hasta 12 años de prisión según confirmaron fuentes judiciales.
Al ser consultado por El Destape, la semana pasada, el ex jugador de rugby de Hindú Club aseguró que el organismo estatal se encontraba "desafectando jefes de UDAI", al tiempo que desmintió haber ofrecido tres meses de sueldo a cambio de una "renuncia diferida", y aclaró que participó "de varias reuniones porque la idea era contarles a todos porqué eran desafectados" para que no sea "un mero acto administrativo". Sin embargo, tras la difusión del informe el directivo se negó a emitir cualquier tipo de declaración respecto a los ofrecimientos realizados a los jefes departamentales y prefirió guardar silencio.
Uno de los afectados por estas prácticas fue Juan Torreiro, ex jefe de la departamental de Wilde, quien se reunió con Bosch en su oficina de la calle Chacabuco: "Me ofrecieron 3 sueldos diciéndome que me liberaban para que pueda ir buscando trabajo y que no hacía falta que me presentara a trabajar", describió Torreiro, quien, al igual que Barralle, denunció que también sufrió la extorsión del directivo tras rechazar su oferta: "De cualquier empleado podemos encontrar algo para echarlo con justa causa", le deslizó Bosch al empleado.
Un caso similar es el que padeció Manuel De Benedectis, quien ingresó a ANSES en 2010 como administrativo inicial y, tras hacer carrera dentro del organismo, llegó a ser jefe de la UDAI de Liniers: "Empecé a recibir llamados de Francisco Bosch, quien dijo ser mano derecha de Basavilbaso. Tuve una entrevista con él, en donde me propuso hacer una renuncia diferida a 3 meses, cobrando el sueldo de jefe de UDAI sin ejercer el cargo, y que de no aceptar la propuesta iban a encontrar alguna vía para desvincularme del organismo", denunció De Benedectis a El Destape.
Además, el ex titular de la departamental criticó la falta de criterio por parte de la nueva gestión, al tiempo que denunció que dentro del organismo existe una "persecución ideológica sin precedentes". "En ningún momento hubo algún tipo de cuestionamiento sobre nuestra gestión, o sobre los resultados, o de las distintas medidas o decisiones que habíamos tomado como para desvincularnos", resaltó.
Como si esto fuera poco, los empleados que rechazaron el ofrecimiento de Bosch denunciaron que comenzaron a recibir citaciones a declaración indagatoria en ANSES, lo que representa el primer paso para iniciarles un sumario administrativo y que así puedan tener una causa para despedirlos del organismo sin indemnizarlos.
Como respuesta a ello, los casos de los jefes departamentales amenazados comienzan a llegar a la justicia: el lunes pasado, el propio Barralle (quien difundió el audio de Bosch) se presentó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Capital Federal y denunció penalmente a Francisco Bosch y Alejandro Maxit por el delito de "coacción agravada".
Mientras tanto, la preocupación por el caso llegó hasta el gobierno nacional y durante la semana se realizaron distintas reuniones con el fin de "apagar el incendio", en donde tanto Bosch como Maxit admitieron que hubo "errores en el procedimiento de desvinculación" y hablaron de "desprolijidades". Sin embargo, los gremios rechazaron estos argumentos y solicitaron que se dé marcha atrás con los despidos, las extorsiones y la persecución ideológica que se sufre hoy por hoy en el organismo estatal.
Ante la consulta realizada por El Destape, desde ANSES aseguraron que no emitirán ningún tipo de comunicado al respecto, al tiempo que no desmintieron ni afirmaron la existencia de estas reuniones, así como tampoco de los ofrecimientos realizados a los ex jefes departamentales con fondos estatales.
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